Los pasados 4 y 6 de octubre, desde la Fundación por la Justicia, llevamos a cabo una iniciativa para denunciar las amenazas a la libertad de expresión y de prensa que ocurren en El Salvador desde las voces de 3 periodistas salvadoreños: Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); Sergio Arauz, periodista y subjefe de redacción en El Faro; y Carmen Valeria Escobar, periodista salvadoreña independiente colaboradora de distintos medios de comunicación.
Coloquio sobre Libertad de Expresión y de Prensa, Club Diario Levante.
En estas jornadas, que se enmarcan dentro de nuestro proyecto “Visibilización y defensa de activistas de derechos humanos vinculados a la libertad de expresión y prensa en El Salvador”, los periodistas salvadoreños transmitieron la grave situación en la que se encuentran. Un primer coloquio, que tuvo lugar en el Club Diario Levante, fue moderado por José María Tomás, presidente de Fundación por la Justicia, y contó con la participación de Gonzalo Sánchez, redactor de Levante-EMV. El 6 de octubre se celebró una Jornada de sensibilización y formación en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, en colaboración con el Máster de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Inauguró la Jornada Vicente Bellver, director del Departamento de Filosofía del Derecho y Política. Las mesas redondas en las que tomaron parte los 3 periodistas salvadoreños fueron moderadas por Claudia Squillacioti, directora de proyectos de Fundación por la Justicia.
Jornada sobre Libertad de Expresión y de Prensa, Universitat de València.
El marco político en El Salvador es intrincado. Temas como la precarización laboral o las acciones atentatorias contra la libertad de prensa y de expresión por parte de funcionarios del gobierno se han vuelto frecuentes, hasta tal punto que las cifras de las amenazas, que ocurren por medios digitales y físicos, han ido aumentando a lo largo de los años.
Asimismo, los ponentes invitados reivindicaron el difícil acceso a la información, acompañado de un bloqueo por parte del gobierno de Bukele, que ha limitado el ejercicio de la profesión periodística y la difusión de noticias “incómodas” en todo el país, derivando en casos de censura y autocensura. Sin ir más lejos, Angélica Cárcamo y Sergio Arauz pusieron el foco en la nueva ley mordaza aprobada por los diputados salvadoreños, por la que se castiga con hasta 15 años de cárcel a los usuarios de medios de comunicación que informen y transmitan mensajes relacionados con pandillas y organizaciones criminales. Un contexto que, en palabras de Carmen Valera, se ensaña especialmente con las mujeres periodistas, víctimas de intimidaciones e insultos directos, que llevan a la autocensura y que se diferencian de las recibidas por los varones.
El Salvador ha experimentado también un fenómeno que ya se creía lejano: la migración forzada de periodistas, debido a su persecución por agentes del Estado. Numerosos casos de seguimientos, vigilancia y advertencias han tenido lugar en el país centroamericano. De ahí que Angélica Cárcamo propusiera la creación de una gestión de fondos de emergencia para los casos de salidas preventivas de periodistas afectados por el régimen.
El dilema aquí es la posición adoptada por la ciudadanía salvadoreña, que muestra su poca credibilidad y falta de interés hacia el periodismo de investigación y la función real de los medios de comunicación. Uno de los motivos es el ataque de Bukele y su gabinete hacia la prensa y las voces críticas, que han sido tachadas de “malas”, siendo blanco de estigmatización y persecución. En consecuencia, los periodistas de El Salvador proponen un acercamiento a la gente, confeccionando informes sobre la situación de la libertad de prensa y mediante procesos de formación integral, así como la concienciación y apertura internacional de su situación, compartiendo experiencias con otros países.
Manifestación contra el Gobierno de Bukele, El Salvador, Agencia de noticias Pressenza, International Press Agency, septiembre 2021.
No hay que olvidar que la libertad de expresión es un derecho fundamental que contribuye a la formación de la opinión pública, garantizando el pluralismo político, considerado como valor constitucional supremo. Además, la libertad de prensa, la libertad de expresión y el libre acceso a la información están íntimamente relacionados, pues se fundamentan en el derecho a conocer y comprender informaciones.
El complicado acceso a la información y la censura producida en El Salvador imposibilitan la libre formación del pensamiento y la efectiva participación de los individuos en la vida social, económica y política en su país. Lo que ubica a este país en el puesto 112 de 180 países en el ranking mundial sobre libertad de prensa. Este descenso en la clasificación se debe también a las agresiones y ataques sufridos por periodistas y personas defensoras de derechos humanos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y de prensa: en 2018 se registraron 65 agresiones y/o violaciones de esta libertad fundamental; 77 en 2019; 125 en 2020; y 219 en 2021.
Desde Fundación por la Justicia condenamos y denunciamos la situación de vulneración de estos derechos y queremos sumarnos a la labor de incidencia y movilización dirigida a reivindicar el respeto de la libertad de expresión y de prensa en El Salvador. Para ello, hemos presentado una propuesta de Declaración Institucional a los varios grupos parlamentarios de la Cortes Valencianas para que nos brinden un respaldo institucional en la necesidad de insistir en que la libre formación de opiniones, el libre acceso a la pluralidad de informaciones, la libre expresión y difusión de pensamientos, opiniones o ideas de toda índole constituyen pilares fundantes de la democracia y del Estado de Derecho.