El pasado 1 de mayo de 2021, con la legislatura recién inaugurada, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, junto a 8 diputados aliados, destituyeron a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República de El Salvador; de manera ilegal y sin cumplir las garantías procesales.
A todas las irregularidades que rodearon al cese de los magistrados, ya de por sí denunciables, se une que de esta forma no se garantiza la independencia judicial, elemento básico en cualquier democracia que se precie.
Esta es la historia de un régimen que cada día se aleja más de la democracia y del estado de derecho.
Nayib Bukele, una historia de acumulación de poder
Bukele llega al gobierno en 2019 tras una exitosa campaña electoral en la que sedujo a los salvadoreños con la promesa de dar un giro radical a una nación que cuenta con una de las mayores tasas de homicidios del mundo.
Este propósito fue recibido con esperanza por los votantes, que le apoyaron en las urnas.
Desde su nombramiento, el presidente del país demuestra un gran desprecio por la separación de poderes llevando a cabo acciones y decisiones que trascienden fronteras y hacen que la comunidad internacional se eche las manos a la cabeza.
Un claro ejemplo de ello fue su irrupción en el Congreso acompañado por efectivos militares y policiales para exigir la aprobación de un presupuesto para su plan de control territorial, parte de su proyecto para combatir la delincuencia. Una especie de show lamentable que se bautizó como el “Bukelazo”.
Era febrero de 2020 y su relación con el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha hecho más que ir calentándose desde entonces. Entre otras cosas porque el Poder Ejecutivo le ha tenido que ir parando los pies al presidente durante la crisis del coronavirus, quien se sacó de la manga decretos y medidas que atentaban contra los derechos más fundamentales de la población.
Bukele llegó a decir en un discurso que tenía que haber fusilado a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional por decir que se comportaba como un dictador.
A pesar de este ambiente, el 28 de febrero de 2021 el partido creado por Nayib Bukele arrasa en las elecciones legislativas. La amplia mayoría obtenida le otorga el poder de elegir y destituir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.
Así que, si Bukele ya le tenía ganas al poder judicial, ahora que su mayoría le permite deshacerse de ellos, el 1 de mayo destituye a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República.
¿Y ahora qué?
Ahora llegamos al capítulo de nombrar nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Como era de esperar, no se hace conforme a la Constitución de la República y tanto los nuevos Magistrados como el Fiscal General son afines al partido del gobierno.
¿Qué tipo de estado puede ser libre sin la independencia del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial?
Seguramente uno que se acerca peligrosamente a una dictadura.
Reacciones por la preocupación se desatan a nivel internacional
La respuesta internacional no se hizo esperar.
El secretario de estado de EEUU, Antony Blinken, hizo una llamada a Bukele para expresarle su preocupación por la destitución de los magistrados, que pone en riesgo la democracia.
Al recelo estadounidense se une el de Europa; el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que en El Salvador se está cuestionando «el funcionamiento del Estado de derecho».
Esta presión internacional se ve reforzada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos como Fundación por la Justicia, que emitió un Pronunciamiento por la independencia del Poder Judicial en El Salvador en el que hacen un “llamado a los nuevosDiputados de la Asamblea Legislativa a actuar en pro de la democracia y la institucionalidad y que tomen las decisiones no en favor de intereses partidarios, sino a favor de la sociedad y la democracia salvadoreñas.”
Los Derechos Humanos en El Salvador
Se abre en El Salvador un abismo que hace peligrar los derechos humanos en general (como el acceso a la justicia) y los derechos humanos LGTBI en particular, que ya eran frágiles antes de esta coyuntura.
Y es que en El Salvador pasan cosas que atentan contra los derechos humanos como condiciones penitenciarias que ponen en riesgo la vida de las personas presas, detenciones y encarcelaciones injustificadas y limitaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
En este contexto, la comunidad LGTBI se ve especialmente desamparada en un país en el que la violencia y la discriminación por cuestiones de diversidad de género son brutales a manos incluso de las autoridades.
El presidente Bukele ha hecho prioritaria la lucha contra la criminalidad, sí. Sin embargo, su falta de estrategia en lo referente a los delitos de odio LGBT es inquietante.
Parece haberse olvidado de sus intenciones del pasado con este colectivo. Es más, a la hora de la verdad se opuso al matrimonio igualitario y negó su apoyo al reconocimiento legal del género de las personas trans.
Todo ello hace crecer el temor de que, ante su control del poder judicial, deje todavía más de lado la defensa y reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual en El Salvador. Unos avances que se han ido viendo tímidamente desde que en 2015 la Asamblea Legislativa reconociera la gravedad de los delitos por motivos de género.
No obstante, a pesar de que se modificó el Código Penal para incluir como homicidios graves los motivados por el odio, incluidos los relacionados con la orientación sexual o identidad de género de una persona, los fiscales solo han propuesto clasificar como delitos de odio tres homicidios de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) hasta el momento.
En los tres casos los jueces desestimaron los cargos por delitos de odio y en ninguno de ellos se dictó una condena.
Con semejante panorama, se requeriría del gobierno salvadoreño una ley de identidad de género; legislación contra la discriminación y acciones de promoción de la inclusión de las personas del colectivo LGTB, todos ellos derechos universales del ser humano.
Aquí es donde hay que preguntarse qué se puede esperar de un gobierno que desprecia la división de poderes y que no garantiza la protección y seguridad de la totalidad de su población.
Y en este punto es cuando la presión internacional debe esforzarse.
Tal y como afirmaron desde Amnistía Internacional tras la destitución de los magistrados el pasado mayo: “El presidente ha dejado claro que no permitirá el escrutinio internacional, al hacerlo olvida que el Estado salvadoreño es signatario de compromisos internacionales de derechos humanos que deben ser honrados. Es urgente que la comunidad internacional sea contundente y responda enérgicamente ante los hechos del primero de mayo.”