La corrupción es una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. Para acabar con la corrupción, es necesaria la existencia de una voluntad política firme por parte de los poderes públicos para llevar a cabo medidas que acaben con este lastre. Pero, desde la sociedad civil también se pueden desarrollar iniciativas que conduzcan a una reducción de las actividades y conductas corruptas. Fundación por la Justicia decidió impulsar una iniciativa denominada “Sociedad Civil contra la corrupción”, por medio de la cual, todas aquellas personas, entidades, partidos políticos, instituciones, etc., que lo consideraran oportuno, se podían adherir a un manifiesto denominado “Compromiso público frente a la corrupción”.
Este documento de trabajo tenía como finalidad la firma por parte del mayor número posible de personas e instituciones de un Pacto Estatal contra la corrupción el 9 de diciembre de 2015, fecha en la que se celebra a nivel mundial el Día Internacional contra la corrupción.
A lo largo de todo el 2015, miembros y voluntarios de Fundación por la Justicia elaboraron dicho documento a través de 15 comisiones nombradas para ello, dirigidas cada una por un coordinador experto. Las comisiones de trabajo centraron sus esfuerzos en materias concretas de tal forma que todas las discusiones, análisis, reflexiones, etc., tenían un denominador común que permitía profundizar en los aspectos a estudiar por cada grupo y prepararon un informe completo del trabajo realizado, en el que se incluían las medidas propuestas para cada ámbito, así como los indicadores que permitirían en su día observar el avance en la puesta en marcha de dichas las medidas.
Con el material proporcionado por las diferentes comisiones de trabajo, se elaboró un documento de 150 medidas, denominado “Pacto Estatal contra la corrupción y por la regeneración cívica”. Este Pacto recogía el compromiso de siete partidos políticos con representación parlamentaria a nivel estatal, así como la adhesión de más de cincuenta entidades y numerosos particulares de la sociedad civil para luchar contra la corrupción en nuestro país. Este acuerdo, además de proponer una mayor transparencia, abogaba, entre otras cosas, por una regeneración ética en la gestión de los recursos públicos, por unos sistemas de control que garanticen su correcta utilización y una mayor profesionalización e independencia de los funcionarios implicados en las contrataciones contractuales con el Sector Público. El Pacto Estatal contra la Corrupción y por la Regeneración Cívica fue presentado a la sociedad civil el 9 de diciembre de 2015 en el Paraninfo de la Universidad de Valencia.