El patronato de Fundación por la Justicia acordó en 2014 ponerse en marcha y buscar un modo de abordar la corrupción generalizada que nos empezaba a agobiar como sociedad y como ciudadanos. A partir de ahí un grupo de 28 cualificados profesionales en distintos ámbitos del conocimiento y experiencia en la Administración, se pusieron a trabajar y elaboraron un primer documento con 99 propuestas, que fue abierto a nuevas aportaciones de la sociedad civil, y en 35 días recibieron otras 251 propuestas de particulares.
Un total de 15 grupos de trabajo perfilaron durante tres meses las iniciativas que concluyeron en los 150 puntos incluidos en el Pacto Estatal contra la Corrupción y por la Regeneración Cívica, presentado en Valencia el 9 de diciembre de 2015, Día Internacional contra la corrupción en el Paraninfo del edificio de La Nau.
Los siete partidos políticos con representación en la Comunitat (Compromís, Podemos, UPyD, EU, PSPV-PSOE, PP y Ciudadanos), así como representantes de entidades públicas y privadas y particulares, se adhirieron a este Pacto.
El documento propone, entre otras medidas, la eliminación de la libre designación de cargos administrativos y aplicar la Ley de la Función Pública «hasta las últimas consecuencias»; suprimir las fundaciones, sociedades mixtas y consorcios financiados por el erario público; controlar los fondos reservados; y criterios «objetivos y homogéneos» para fijar los sueldos de los cargos públicos.
El pacto contempla también «adelgazar la cúpula política» en cada institución; que ningún político pueda ocupar, durante al menos 4 años desde su cese, cargos directivos en empresas del ámbito en el que ostentó el cargo; suprimir el Senado (solo aceptada por UPyD, EU y Ciudadanos) y las Diputaciones provinciales; «prohibir el transfuguismo», y limitar a 8 años la permanencia en el mismo cargo.
Propone asimismo cambiar la Ley Electoral para implantar un sistema de «listas abiertas» (al que se oponen EU, PSPV y Ciudadanos); elecciones «primarias abiertas y obligatorias»; prohibir que los políticos se ocupen de órganos reguladores o sean directivos de cajas de ahorro; y una Ley para proteger a los funcionarios que revelen actividades ilegales del gobierno.
En materia de Justicia, pide que la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo general del Poder Judicial, los tribunales Supremo y Constitucional, presidentes del TSJ y de Audiencias provinciales sea mediante concurso de méritos reglado, «profesionales competentes sin ningún vínculo político», ha señalado Tomás Tío.
Uno de los puntos más polémicos que incluye el Pacto es la retirada de las competencias urbanísticas a los ayuntamientos «como principal foco de corrupción política», que solo han apoyado Podemos y UPyD, así como la eliminación del Senado, que solo han apoyado UPyD, EU y Ciudadanos, e implantar las listas abiertas, a la que se oponen EU, PSPV y Ciudadanos.
El único partido que asumió todas las propuestas fue UPyD, seguido de Podemos (149 del total), Compromís (148); Esquerra Unida (143), PSPV (131), PP (125) y Ciudadanos (122).
Documentos:
Pacto Estatal contra la corrupción y por la regeneración cívica
Ponencia en el Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información