El pasado mes de julio de 2024, el Senado de Paraguay aprobó un controvertido proyecto de ley que, según defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales, pone en grave peligro la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil en el país. Esta medida ha generado una ola de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ya que podría socavar los avances logrados en la protección y promoción de los derechos humanos en Paraguay.
¿Qué implica esta ley?
La ley aprobada por el Senado, formalmente conocida como Proyecto de Ley sobre «Defensa Nacional y Seguridad Interna», introduce una serie de restricciones que dificultan significativamente el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad civil. Entre las medidas más preocupantes están las limitaciones al financiamiento extranjero de ONG, el aumento de la vigilancia estatal sobre sus actividades, y la imposición de nuevas obligaciones administrativas que pueden obstaculizar su funcionamiento.
Amnistía Internacional ha sido una de las voces más críticas ante esta ley, señalando que su implementación podría traducirse en la criminalización de aquellos que denuncian abusos o luchan por los derechos de los más vulnerables. En un contexto como el de Paraguay, donde las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave en la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia social, esta ley representa un golpe devastador para sus operaciones.
El impacto en los defensores de derechos humanos
Uno de los aspectos más alarmantes del proyecto de ley es su capacidad para silenciar a los defensores de derechos humanos. En Paraguay, la corrupción, la represión y las violaciones de derechos humanos siguen siendo problemas graves, y las organizaciones de la sociedad civil son esenciales para visibilizar estos abusos y exigir justicia. Limitar el financiamiento y el margen de acción de estas entidades puede tener efectos devastadores, especialmente en un país donde las instituciones estatales son débiles y donde los derechos de los ciudadanos no siempre están garantizados.
La ley también aumenta el control estatal sobre las ONG, exigiendo reportes detallados de sus actividades y limitando su capacidad de recibir fondos internacionales. En muchos casos, estos fondos son cruciales para su funcionamiento, ya que las organizaciones locales dependen de alianzas internacionales para financiar sus proyectos.
Críticas de la comunidad internacional
Varias organizaciones internacionales, incluyendo Amnistía Internacional, han denunciado públicamente el proyecto de ley como una amenaza directa a los derechos fundamentales en Paraguay. En una declaración emitida en julio de 2024, Amnistía señaló que “el proyecto de ley representa un serio retroceso para los derechos humanos en Paraguay”. Además, añadió que “el gobierno debería garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar libremente y sin restricciones que obstaculicen su labor en defensa de los derechos humanos”.
Este tipo de legislaciones no es nuevo en la región. Otros países de América Latina han implementado medidas similares en los últimos años, restringiendo la actividad de ONG y limitando su capacidad de actuación. Sin embargo, la aprobación de esta ley en Paraguay es particularmente preocupante debido a la vulnerabilidad de las instituciones democráticas en el país y al papel crucial que las ONG juegan en la denuncia de abusos.
¿Qué está en juego?
El contexto paraguayo es único, pero no está aislado. Durante décadas, el país ha luchado contra altos niveles de corrupción y desigualdad, con un Estado a menudo incapaz de garantizar los derechos más básicos a sus ciudadanos. En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para llevar adelante las demandas de justicia y transparencia.
Las escuelas vecinales, por ejemplo, han sido espacios donde las comunidades se organizan y luchan por sus derechos. Estas iniciativas, que buscan promover la educación y la participación ciudadana, podrían verse gravemente afectadas por esta ley. Las restricciones al financiamiento y la vigilancia estatal sobre sus actividades podrían frenar el trabajo de estos espacios, esenciales para las zonas más vulnerables del país.
Por otro lado, la ley podría agravar la situación de los defensores de derechos humanos, quienes ya enfrentan una fuerte represión y criminalización en Paraguay. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ha registrado en los últimos años numerosos casos de amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan en temas sensibles como los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y la lucha contra la corrupción.
La respuesta de la sociedad civil
A pesar del golpe que supone esta nueva ley, las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay han comenzado a organizarse para resistir su implementación. Varias entidades, apoyadas por redes internacionales, han hecho un llamado a la comunidad internacional para que presione al gobierno paraguayo con el fin de modificar o derogar la ley.
Las movilizaciones en Paraguay también han comenzado a tomar forma, con manifestaciones y protestas en varias ciudades del país. Organizaciones como FEDEM (Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay) y la Contraloría Ciudadana de Luque, que luchan contra la corrupción y por los derechos de las comunidades, han alzado su voz contra la ley, exigiendo al gobierno que respete los derechos fundamentales de la sociedad civil.
Escenarios posibles tras la aprobación de la ley
El futuro de la ley y su impacto en Paraguay aún está por definirse. No obstante, su implementación podría tener efectos negativos no solo en las organizaciones de derechos humanos, sino también en la capacidad de la sociedad civil para exigir transparencia y justicia. Si bien la ley ha sido aprobada por el Senado, todavía queda por ver cómo reaccionará la comunidad internacional y si se tomarán medidas para mitigar sus efectos.
Es crucial que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúen observando de cerca la situación en Paraguay. La defensa de los derechos humanos no debe ser criminalizada, y el trabajo de las organizaciones civiles es fundamental para garantizar que el Estado actúe en beneficio de su pueblo.
La aprobación de esta ley en Paraguay representa un retroceso significativo en la defensa de los derechos humanos en el país. Limitar la capacidad de las ONG para operar de manera libre y sin restricciones es un ataque directo a la democracia y la justicia social. En un país donde la corrupción y las violaciones de derechos humanos son un problema crónico, esta ley podría tener consecuencias devastadoras para quienes ya viven en situación de vulnerabilidad.
La resistencia y el apoyo internacional serán clave en los próximos meses para garantizar que la sociedad civil en Paraguay pueda seguir luchando por los derechos de todos y todas.