Fundación por la Justicia se adhiere a la Declaración Conjunta en la que hay 27 asociaciones representadas
La corrupción continúa siendo una sombra persistente que se cierne sobre los ámbitos público y privado, y en este momento, la Unión Europea ha hecho de su erradicación una de sus principales prioridades. Sin embargo, en un giro preocupante, se ha propuesto una ley en el Parlamento de les Illes Balears que busca eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en la región. Este movimiento no solo debilitaría el Estado de derecho, sino que también contradice los compromisos internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En sintonía con la preocupación europea por combatir la corrupción, la Dirección General de Asuntos Internos ha impulsado un reciente paquete de medidas anticorrupción y una Propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción, actualmente en fase de tramitación. Esta iniciativa destaca la necesidad de fortalecer agencias especializadas en la lucha contra la corrupción, un principio que va en contra de la propuesta de eliminar las oficinas autonómicas anticorrupción en les Illes Balears.
España, a nivel autonómico, ha mantenido una posición avanzada en medidas anticorrupción, gracias a la existencia de oficinas independientes. La eliminación de estas oficinas, propuesta en la ley registrada el 9 de octubre de 2023, no solo tendría implicaciones políticas significativas, sino que también representaría un alejamiento de la política europea en la lucha contra la corrupción. Las organizaciones de la sociedad civil están alarmadas por esta propuesta y han expresado su preocupación en una declaración conjunta a la que se ha adherido Fundación por la Justicia. Argumentamos que la eliminación de las oficinas anticorrupción va en contra de los compromisos establecidos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que exige la independencia y recursos necesarios para los organismos anticorrupción a nivel nacional y subnacional.
Es importante destacar que las oficinas de Prevención y Lucha contra la Corrupción autonómicas en España han demostrado ser organismos especializados, compatibles con los órganos de control existentes, y han contribuido a reforzar las buenas prácticas en la administración pública. Además, desempeñan un papel crucial en la protección de los informantes, una función fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado urgente en su declaración conjunta. Solicitamos la retirada o el rechazo de la propuesta de ley, abogamos por la participación activa de la sociedad civil en la adopción de medidas anticorrupción, y exigimos el respeto y la garantía de la independencia de los organismos autonómicos de prevención y lucha contra la corrupción. Además, proponemos que las funciones de protección de los informantes sean asumidas por las oficinas existentes, que cuentan con la independencia institucional requerida.
En un momento en el que la corrupción sigue siendo un desafío global, preservar y fortalecer las instituciones encargadas de combatirla es fundamental. La sociedad civil, en su papel de defensora de la justicia y la transparencia, insta a tomar medidas concretas para salvaguardar la integridad y el compromiso contra la corrupción en les Illes Balears y, por extensión, en toda España.