23 de septiembre de 2022
A/A Sr. José Manuel Albares
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Gobierno de España
Estimado Sr. Ministro,
Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil nos dirigimos a usted para mostrar nuestra preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran personas, organizaciones y comunidades defensoras de la tierra y el territorio en Guatemala, e instarle a que el Gobierno de España actúe para favorecer su protección. A través del siguiente comunicado, las organizaciones firmantes le pedimos atentamente dar seguimiento activo a los casos de desalojos forzosos de comunidades que defienden el derecho a la tierra, y a los procesos de criminalización a los que son sometidas las personas defensoras.
COMUNICADO SOBRE DESALOJOS FORZOSOS Y CRIMINALIZACIÓN A PERSONAS
DEFENSORAS DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN GUATEMALA
El 29 de diciembre de 2021 se cumplieron 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala. Pese a los compromisos incluidos en relación a abordar las causas estructurales del Conflicto Armado Interno (CAI), las condiciones que dieron lugar al conflicto subsisten en esencia en la actualidad. Las profundas inequidades sociales, la alta concentración de la tierra, y la expansión de megaproyectos de inversión -hidroeléctricos, mineros y agroindustriales- configuran la realidad socioeconómica de este país que ocupa el noveno lugar a nivel mundial en términos de desigualdad. A día de hoy, existen en Guatemala al menos 1.400 conflictos agrarios sin resolver que afectan principalmente a pueblos indígenas.
En este contexto de conflictividad por la tierra, las comunidades que defienden el derecho a la tierra y la defensa del territorio se enfrentan a procesos de criminalización y a desalojos forzosos que vulneran los estándares internacionales de los derechos humanos. En su informe de 2017, Situación de derechos humanos en Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recoge la existencia de “un patrón de violaciones a derechos humanos cuando se ejecutan los desalojos, que incluye la violación al derecho a la consulta, y la falta de notificación previa, que suelen ser realizados de manera sumaria y violenta por miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), e involucran la quema y destrucción de viviendas, alimentos, animales, sin previsión de retorno ni reubicación, sin posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia”. En el mismo informe, la CIDH identificó que líderes y lideresas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, el territorio y el medio ambiente, están especialmente expuestos a la criminalización.
Según los registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA), en el año 2021 se cometieron 1002 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, y durante los primeros seis meses del año 2022 se han reportado 589 agresiones. Asimismo, el clima de elevada conflictividad territorial auspiciado por el modelo de desarrollo extractivista por el que ha optado el Estado de Guatemala, ha dejado en 2021 un total de 179 agresiones
contra campesinos/as y personas que defienden la tierra, el territorio y el medioambiente. Quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente siguen siendo a día de hoy uno de los colectivos más perseguidos. Los tipos de criminalización más utilizados, según los registros de UDEFEGUA, son los actos de difamación y estigmatización, las denuncias judiciales sin fundamento y las detenciones ilegales.
Estos datos van en línea con la tendencia global. Según Front Line Defenders, los arrestos y detenciones fueron las formas más comunes utilizadas por los Estados para frenar el trabajo de las personas defensoras en el año 2020. El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2019 alerta sobre la criminalización que sufren las personas defensoras de derechos humanos basada “en el uso indebido del derecho penal en su contra”, que afecta especialmente a quienes defienden la tierra y los recursos naturales.
Los patrones de uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras, líderes y lideresas comunitarias, así como de pueblos indígenas y campesinos se caracterizan por serias deficiencias en el proceso penal, falta de pruebas, fabricación de acusaciones, falta de individualización de los hechos y dilatación injustificada de los procesos, que incrementan el desgaste económico, social y emocional de las personas defensoras, sus familias, comunidades y organizaciones. En la raíz de estas situaciones se encuentran conflictos por el acceso a la tierra, la protección de los bienes comunes naturales y los derechos territoriales
de comunidades indígenas.
Actualmente hay numerosos casos de judicialización de personas defensoras en Guatemala que ejemplifican estos patrones de criminalización, como los casos del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la Coordinadora Campesina Chortí Nuevo Día (CCCND) o la Resistencia Pacífica de Cahabón.
El pasado mes de mayo de 2022 realizaron una gira por el Estado español, dos defensoras guatemaltecas de Alta Verapaz, representantes del CCDA y de la Resistencia Pacífica de Cahabón, en la que expusieron la situación en torno a los conflictos por el acceso a la tierra, la defensa de los bienes naturales y del agua, y la criminalización de las personas defensoras de la tierra en Guatemala. En el caso del CCDA, actualmente hay 1024 órdenes de captura contra miembros del CCDA, de las cuales 375 son mujeres, encarcelamiento de 5 líderes, órdenes de desalojos, agresiones con armas en contra de familias y 12 personas asesinadas en los últimos 10 años.
El pasado 12 de julio tuvieron la audiencia para la resolución del recurso extraordinario de casación de Jorge Coc y Marcelino Xol, autoridades indígenas de la comunidad Choctun Basilá, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Ambos son integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), encarcelados desde 2018 en el Centro de Detención Preventiva de Hombres y Mujeres de Cobán. El proceso está marcado por múltiples violaciones al debido proceso, la inconsistencia de los testigos y las pruebas de su inocencia. Aún están esperando resolución del Tribunal.
En el caso de la Resistencia Pacífica de Cahabón, en el marco de su lucha por la defensa del territorio y derecho a la consulta previa, libre e informada, la Resistencia ha sufrido múltiples atropellos, amenazas e intimidaciones. El acto más conocido fue la criminalización y sentencia de Bernardo Caal Xol, líder de la Resistencia. Sufrió un grave proceso de difamación, criminalización y judicialización, que desembocó en la muy controvertida sentencia, dictada por un tribunal de Cobán en noviembre de 2018, que le condenó a 7 años y 4 meses de prisión por supuestos delitos de detención ilegal y robo agravado. Representantes de Naciones Unidas consideraron el proceso legal contra Bernardo Caal Xol como un claro caso de criminalización. El 24 de marzo de este año, después de 4 años en la cárcel, Bernardo Caal fue dejado en libertad por buena conducta. Aún están pendientes las audiencias en un segundo proceso abierto en su contra.
Estamos preocupadas por la falta de seguridad jurídica de la tierra que se vive en muchas comunidades; la inexistencia de instancias a cargo de promover soluciones dialogadas a conflictos de tierra, así como la inexistencia de una política agraria integral. Todo ello se da en un contexto de fracturas profundas en el sistema de justicia y de fuerte debilitamiento del Estado de Derecho, lo que podría llevar a una mayor escalada de conflictos de tierra violentos y a la imposición de los intereses de personas y grupos poderosos, en detrimento
de las comunidades indígenas.
En un contexto de debilitamiento de la institucionalidad pública y de ataques contra la independencia de la justicia en Guatemala, la situación para las personas defensoras criminalizadas se vuelve muy crítica. En este sentido, el reconocimiento de la labor de las personas defensoras por parte de la comunidad internacional, así como el seguimiento a sus casos a través de la observación de los juicios resulta fundamental para promover que se garantice el debido proceso.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes suscribimos este llamado urgente:
1. Reafirmando nuestro respaldo a la labor de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Guatemala, preocupadas por los procesos de criminalización que se articulan contra la labor de éstas. Desde las organizaciones firmantes nos mantendremos vigilantes ante
cualquier vulneración de derechos y represión violenta de la protesta social y de la resistencia pacífica por parte del Gobierno guatemalteco.
2. Demandando al Gobierno de España que monitoree el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado de Guatemala, en áreas de presencia de inversiones de proveniencia española, y que estas inversiones no violen la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones, así como a realizar las consultas previas, libres e informadas para todas aquellas acciones que les afecten en sus territorios ancestrales, siguiendo las tradiciones del pueblo indígena afectado.
3. Solicitando al Gobierno de España que, a través de su Embajada en Guatemala, realice observaciones de las audiencias de los juicios en contra de las personas defensoras de la tierra y el territorio judicializadas, mostrando la preocupación de la comunidad internacional para que se garantice el debido proceso.
4. Demandando al Gobierno de España que, en sus diálogos bilaterales con Guatemala, subraye la urgencia de que se restablezcan instituciones y mecanismos responsables y capaces de promover soluciones dialogadas y pacíficas a los conflictos de tierra, y que conozcan y hagan cumplir los derechos y necesidades fundamentales de comunidades rurales e indígenas.
#Defensemlavida #Defendemoslavida
#LibertadJorgeCocyMarcelinoXol
#Somosdefensores
#Somosdefensoras
#Nocriminales
Adhesiones / Adhesions / Atxikipenak:
1. Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) – Agrupa a 102 ONGD
2. Plataforma de Solidaritat amb Guatemala de Barcelona
3. Red Ecofeminista
4. Amycos.org
5. Asociación de investigación y especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
6. Asociación Mujeres Palante
7. Asoc. Nourdine – Asociación Cultural La Paz
8. Asociación para la Cooperación Entre Comunidades (ACOEC)
9. Asociación Paz con Dignidad
10. Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
11. Asociación Zehar-Errefuxiatuekin
12. Associació El Llibrell, eines de transformació local
13. ATELIER ONGD- Asociación de técnicos especialistas en investigación y estudios sobre
la realidad latinoamericana
14. Berdinak Gara
15. Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Estado español
16. CEDSALA (Centro de Documentación y Solidaridad con America Latina y África)
17. CIM Burkina – Colaboración con la infancia y la Mujer en Burkina Faso
18. Col.lectiu de Teatre de les Oprimides – Guardianes de la Terra
19. Col·lectiu Mariola Zapatista
20. Col·lectiu rural Benisterra (la Vall de Perputxent)
21. Comunidad Cristiana Popular Valencia
22. Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
23. Cooperacció
24. CSAM Mas del Potro (Centre Social Autogestionat de Muntanya)
25. CSOA l’Horta
26. CuinaViva! menjars agroecològics
27. Ecologistas en Acción
28. El Pa Sencer SCCL
29. Escoles Solidàries
30. Fundación Musol
31. Fundación Paz y Solidaridad Euskadi
32. Fundación por la Justicia
33. Greenpeace España
34. Grupo Intercultural Almàciga
35. ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
36. Ingeniería Sin Fronteras del País Vasco – Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza
37. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
38. Intersindical Solidària
39. Komun.org
40. LA COSECHA Comunicación
41. Lêgerîn Azadî
42. Lliga dels Drets dels Pobles
43. Lumaltik Herriak
44. Manos Unidas
45. Medicusmundi Mediterrània
46. Mugarik Gabe
47. ONGD Ensenyants Solidaris
48. Oscarte ONGD
49. Perifèries del Món
50. Plataforma Aire Limpio de La Hoya de Buñol-Chiva
51. Plataforma MOVILIZATE
52. Plataforma Salvemos Farrajón
53. Proyecto Senda Nativa
54. Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
55. STEI INTERSINDICAL
56. SETEM CATALUNYA