Noviembre es el último mes de ejecución de nuestro proyecto que pretende visibilizar la situación de desprotección, persecución y estigmatización de personas activistas, defensoras de derechos humanos y profesionales del periodismo en un contexto caracterizado por una violencia social estructurada, como es el caso de El Salvador.
El régimen de excepción proclamado en marzo de este año se ha visto prorrogado de mes en mes hasta la fecha, en la que se cuenta con ocho prórrogas. Una medida que se determina por su carácter temporal y que, en cambio, se ha convertido en la norma, con todo lo que conlleva en términos de restricción de derechos y libertades constitucionales. La posibilidad de introducir limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales es admisible y legítima siempre y cuando responda a los principios de necesidad y proporcionalidad. En la realidad salvadoreña, que está viviendo un deterioro democrático del que no todos están conscientes, la limitación de determinados derechos ha resultado responder más bien al criterio de arbitrariedad dictado por intereses políticos y de concentración de poder.
En este contexto, las voces criticas de periodistas independientes que ejercen su profesión se vuelven incómodas y representan una amenaza para la radicación de la narrativa única difundida por el gobierno. En palabras de la presidenta de APES, la Asociación de Periodistas de El Salvador, “un gobierno de corte autocrático y con rumbo a un autoritarismo: la prensa es lo primero que ataca”.
Ante este escenario, hemos decidido pasar a la acción para denunciar y condenar la situación de vulneración de libertades fundamentales y de desprotección de activistas y personas defensoras de derechos humanos, en particular en relación con la libertad de expresión y de prensa en El Salvador. Para ello, hemos organizado coloquios, jornadas formativas y talleres dirigidos a la ciudadanía en general, a las organizaciones de la sociedad civil de promoción y defensa de los derechos humanos, a profesionales del ámbito periodístico, a estudiantes y a jóvenes de centros educativos formales y no formales.
Por otro lado, consideramos que es de vital importancia que a la movilización ciudadana se sumen también las y los dirigentes políticos, para que esta labor de incidencia por la que seguimos abogando tenga un respaldo institucional que pueda brindarle mayor efectividad. Por esta razón, nos hemos dirigidos a los distintos grupos políticos de las Cortes Valencianas para que pudiesen aprobar una declaración institucional de condena de las amenazas a las libertades fundamentales, tales como la de expresión y de prensa, que siguen ocurriendo en El Salvador, así como de todos los ataques, persecuciones y estigmatizaciones sufridas por periodistas en el ejercicio de su profesión.
Nuestra iniciativa ha tenido una gran acogida entre los grupos a los que nos hemos dirigido, y la inquietud por la gravedad de la situación en la que se halla el propio sistema democrático salvadoreño ha llevado a la elaboración y presentación de una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación ordinaria para su futuro debate en la Comisión de Derechos Humanos sobre el estado de la libertad de prensa y de expresión. El texto pone el foco en cómo la crisis política y la violencia social generalizada afecta al ejercicio de los derechos humanos que fundamentan una sociedad democrática, remitiéndose a los datos proporcionados por la Asociación de Periodista de El Salvador (APES): en el ámbito periodístico, se reportaron 173 ataques a la libertad de prensa entre enero y agosto de 2021, incluyéndose agresiones físicas contra periodistas, acoso digital, restricciones injustificadas al acceso a la información pública y al ejercicio del periodismo. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la situación de hostigamiento, intimidaciones, amenazas y estigmatizaciones sufrida por motivos vinculados a la actividad periodística, otorgando medidas cautelares a 34 profesionales de diferentes medios de comunicación.
Conscientes de la falta de acceso a la información, del cierre de espacios de preguntas a periodistas independientes, del abuso de las fuerzas de seguridad durante las coberturas periodísticas, de los episodios de acoso digital y de cibervigilancia con el software Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, los grupos políticos firmantes han manifestado su intención de dirigirse al Consell de la Generalitat para que el gobierno español utilice su capacidad diplomática ante el gobierno salvadoreño para instarle el respeto de las obligaciones que se derivan de los convenios internacionales ratificados por el propio país. Por otro lado, los grupos han hecho hincapié en la necesidad de mantener y mejorar una política de asilo que permita proteger efectivamente a las personas salvadoreñas que soliciten protección internacional y, en particular, de reforzar los programas de protección para personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo.
Además de dirigirse al gobierno español, el texto de la PNL recoge una petición adicional al Consell de la Generalitat, para que se dirija a la Unión Europea a instar al gobierno de El Salvador a: investigar las denuncias de agresiones contra periodistas que han sido presentadas ante la Fiscalía, detener las prácticas de acoso y estagmatización en contra de la prensa independiente, acabar con los procesos de reformas legislativas que atentan al principio ineludible de la separación de poderes, proteger a las personas defensoras de derechos humanos, investigar las desapariciones como consecuencia de la violencia social generalizada y perseguir las actuaciones extrajudiciales de las fuerzas armadas.
La presentación de esta PNL supone un paso muy importante en la condena a las vulneraciones de derechos humanos, libertades fundamentales y pilares democráticos que fundamentan el Estado de Derecho. Desde Fundación por la Justicia creemos firmemente en los valores democráticos y de justicia, y para ello reivindicamos la necesidad de insistir en que la libre formación de opiniones, el libre acceso a la pluralidad de informaciones, la libre expresión y difusión de pensamientos, opiniones o ideas de toda índole constituyen pilares fundantes de la democracia.
Nuestro proyecto “Visibilización y defensa de activistas de derechos humanos vinculados a la libertad de expresión y prensa en El Salvador” pretende concienciar a la ciudadanía sobre la gravedad de las situaciones que enfrentan diariamente las personas defensoras de los derechos humanos, en particular en relación con la libertad de expresión y de prensa en El Salvador. Consideramos que la reivindicación de dichas libertades y la concienciación ciudadana son una poderosa herramienta de transformación social y que esta labor tiene que ir acompañada del trabajo en red, también a nivel local. Hemos podido contar con el apoyo de entidades salvadoreñas, tales como APES, FESPAD e Infodemia, así como del periódico El Faro, con el fin de denunciar, condenar, reivindicar y exigir ante la ciudadanía y las instituciones políticas, resaltando la necesidad de proteger el trabajo de personas activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas en el seno de sus organizaciones para el respeto de los derechos humanos, la defensa de la democracia y la consecución del ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.
