Las reformas llevadas a cabo durante este último año y parte del anterior, así como la aprobación de la Ley 5/2025 terminan por desmantelar a la AVAF como oficina independiente para la lucha contra la corrupción
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes hemos desempeñado, desde 2019, una labor fundamental en el Consejo de Participación Ciudadana de la Agència Valenciana Antifrau (AVAF). Este órgano, creado bajo el amparo del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de ésta, en desarrollo de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, además de servir como canal de comunicación y rendición de cuentas entre la agencia y la sociedad civil, también era un espacio clave para asesorar en decisiones estratégicas en la lucha contra la corrupción en la Comunitat Valenciana.
Desde julio de 2024, se han llevado a cabo una serie de reformas y cambios estructurales en la AVAF que han comprometido gravemente su misión y operatividad. El nuevo Código de Conducta, aprobado el 20 de mayo de 2025, marcó un punto de inflexión al contradecir los estándares internacionales de transparencia e integridad y rebajando estándares en comparación con el anterior. La situación se agrava con la entrada en vigor de la Ley 5/2025, el pasado 1 de junio, que ha eliminado el Consejo de Participación Ciudadana, suprimiendo un espacio esencial para la participación de la sociedad civil y el último órgano de contrapeso y control institucional que aún quedaba en pie.
Estas decisiones no solo suponen un golpe a los principios básicos de transparencia y gobierno abierto bajo los que el Consejo fue creado, sino que también desmantelan de manera definitiva el carácter independiente de la AVAF como institución para combatir la corrupción en la Comunitat Valenciana.
Hemos venido denunciando todos los despropósitos normativos durante este último año y medio, y hoy debemos hacer un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia de la gravedad de esta situación y exija que las instituciones públicas actúen con integridad y compromiso hacia el interés común.
La eliminación del Consejo de Participación no es un mero ajuste técnico, es una declaración política: la renuncia definitiva a los mecanismos de control ciudadano y el desmantelamiento de las autoridades independientes que luchan contra la corrupción. Asistimos hoy a un claro atentado contra una institución que forma parte de los controles y garantías de la democracia. Por lo que resulta imprescindible que, como sociedad, nos posicionemos firmemente contra este retroceso y demandemos la restauración de una agencia verdaderamente autónoma, independiente y efectiva.
Las organizaciones firmantes no vamos a guardar silencio. Esta decisión legislativa no solo afecta a la Comunitat Valenciana sino a España como Estado Miembro de la UE. Seguiremos denunciando cada retroceso, cada paso atrás, cada intento de ocultar la rendición de cuentas y de dejar de perseguir la corrupción en el marco de las exigencias de la UE.
Transparency International España
World Compliance Association
Fundación Hay Derecho
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA
Observatori Ciutadà contra la corrupció
Acción Cívica
Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció
Consuelo Vidal Hernandis
Fundación por la Justicia
Fundación Internacional Baltasar Garzón